Las iniciativas para el desarrollo pueden originarse en el seno de un proceso de decisión de alto nivel político. Aún así, en el nivel comunitario y al momento de llevarse a cabo, existirá otro proceso de toma de decisiones, uno en el cual se involucrarán las partes interesadas locales. Y será así porque análogamente a lo que sucede en altas esferas políticas de un país, en nuestro oficio de gestores del desarrollo también se hace necesario procesar las diferencias de opinión e intereses, y manejar los riesgos que tales desavenencias podrían acarrear para el éxito de la intervención.

Volvamos a tomar de ejemplo la construcción de una represa hidroeléctrica que generará durante mucho tiempo electricidad no contaminante y barata que beneficiará a todo el país. Una obra que fue incluida en el plan y presupuesto de la Nación por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Su realización conlleva un costo: una comunidad verá inundadas sus tierras y por ello sufrirá un perjuicio evidente. Un daño que no alcanzaremos a compensar al otorgarles otras tierras y viviendas, así sean mejores que las originales: en la mudanza de todo un pueblo existirán, además de los costos económicos, otros de índole social, cultural y afectivo. Por ejemplo, el dolor que produce saber que aquella casa o finca en donde se criaron y vivieron varias generaciones de nuestra familia terminará sumergida definitivamente en el fondo de un lago. O que será necesario mudar el cementerio donde descansan nuestros ancestros, con todo lo que ello implica en términos de las creencias y ritos funerarios.

El beneficio que obtendrá la sociedad nacional en su conjunto será gigante en comparación al perjuicio que enfrentará la comunidad obligada a trastornar su vida de una forma tan radical. Ese enorme beneficio general es lo que habrá volcado la balanza a favor de realizar la obra. Pero es impensable llevarla adelante sin más, como si las personas afectadas no contaran. Hay allí un desafío importante: será necesario que los representantes de la iniciativa escuchemos atentamente a la comunidad perjudicada. Que conozcamos y comprendamos cómo ella percibe la situación. Que informemos en detalle sobre las características del proyecto. Que la asistamos técnica y organizativamente para identificar, analizar y evaluar los cambios que la mudanza traerá aparejados en su forma de vida. Que introduzcamos en el proyecto original todos aquellos cambios que permitan neutralizar o minimizar hasta donde sea posible los impactos negativos en su forma de vida. Por último, que utilicemos los recursos del proyecto para obras y servicios complementarios destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad afectada, todo ello como forma de compensar los perjuicios inevitables que le produce una obra que beneficiará y traerá progreso al conjunto del país. Esa ardua tarea del equipo a cargo del proyecto representa, además de un compromiso ineludible con los derechos humanos de las personas afectadas, un componente esencial de la gestión de riesgos de la iniciativa.

Semejante proceso de consulta y negociación comunitaria conlleva una conversación sostenida y profunda sobre todos y cada uno de los aspectos del proyecto entre los impulsores del proyecto y los representantes de los grupos comunitarios. Aún así, aunque el proceso fuera desarrollado de manera ejemplar, igual las soluciones encontradas y las decisiones adoptadas estarán lejos de conformar a todas las partes: será prácticamente imposible que ellas dejen enteramente satisfechos a los diversos grupos e intereses que conforman la comunidad, o que atiendan completamente los intereses de los distintos niveles de gobierno, agencias estatales y empresas contratistas impulsoras del proyecto.

Aquí los resultados del proceso de decisión serán importantes, sin duda. Pero mucho más lo será la calidad con que fue conducido el propio proceso de consulta: si todos los sectores locales han tenido la oportunidad de ser informados en detalle sobre los aspectos del proyecto que más los preocupa, si todas las partes perciben que fueron escuchadas y sus opiniones registradas adecuadamente, si fueron involucrados en la exploración de las soluciones alternativas y, finalmente, si los fundamentos y los detalles de las decisiones adoptadas luego de todo ello les fueron informadas exhaustivamente. En fin, más allá de los niveles de adhesión que despierten las decisiones adoptadas, también en este caso la calidad con que se conduce el proceso de toma de decisiones a nivel local será, en última instancia, el que otorgará legitimidad a las decisiones siempre imperfectas que fueron adoptadas en él.

Podríamos afirmar que existirán en este caso dos procesos decisorios análogos en sus características: uno, conducido por el parlamento del país, que decidirá la obra; otro, al momento de diseñarla y ponerla en marcha, liderado por los equipos de gestión del proyecto, que involucrará a todas las partes interesadas. En los dos perseguiremos resultados valiosos, pero la calidad con que guiemos los procesos que conducen a esos resultados será crucial, pues garantizará la legitimidad y sostenibilidad de las decisiones adoptadas.

Se ha dicho alguna vez que en la democracia las formas sí importan. Nosotros podríamos agregar que en la promoción del desarrollo también.

Quienes deseen profundizar en el conocimiento sobre las estrategias de gestión de riesgos descritas en el artículo, encontrarán una opción de formación ejecutiva aquí.

En una entrada anterior reflexionábamos sobre la calidad del proceso de decisión de alto nivel político: «Cuando el proceso interesa más que el resultado«

Imagen: recorte de la obra «Workers Returning Home», 1913-15 by Edvard Munch, obtenida desde https://www.edvardmunch.org/workers-returning-home.jsp