Las iniciativas del sector gubernamental producen valor público para la ciudadanía. A la vez generan valor privado para las personas a las cuales directamente se dirigen: derechohabientes, clientes u obligados. Así, los individuos asumimos diversos roles frente a la acción pública, y desde esas perspectivas distintas las juzgamos.

En nuestras sociedades democráticas el ciudadano es el soberano, que se auto gobierna a través de sus representantes. Para que éstos puedan realizar las funciones de gobierno, el ciudadano entrega una porción de sus ingresos en la forma de impuestos. Lo hace en parte sacando el dinero de su bolsillo, aunque la mayor erogación la realiza sin saberlo, a través de cualquier cosa que compra, pues su precio contiene gran cantidad de impuestos indirectos que suelen permanecer velados.

Por todo ello, quienes trabajamos en el sector público tenemos el imperativo de generar valor para los ciudadanos. Gestionamos el sector público para crear valor público: aquello que logramos debe ser considerado importante o valioso por los ciudadanos, más allá de la naturaleza de lo logrado: bienes, servicios, regulaciones, y demás. Un ciudadano es miembro de una colectividad, de una membresía basada en una comunidad nacional. La persona, en el rol de ciudadano, alberga deseos o aspiraciones para el conjunto de la sociedad, es decir, concepciones acerca de cómo deberían ordenarse las cosas, de qué debería recibir quién o de qué nuevos valores deberían promoverse.

Sin embargo, cuando ejercemos la gestión en los ámbitos públicos también sucede que interactuamos con individuos y comunidades que asumen roles distintos al de ciudadanos, que establecen una relación de intercambio de otra naturaleza con las organizaciones públicas, pues reciben de ellas un valor privado. Es el caso de los clientes, derechohabientes y obligados.

Las personas pueden ser clientes de la agencia u área gubernamental que gestiona la iniciativa. Hablamos de cliente cuando alguien paga directamente por un bien o servicio y muestra una preferencia positiva por el servicio a la luz de su precio. Los servicios públicos de distribución domiciliaria de agua, recolección de basuras, o manejo de alcantarillado se interrelacionan con clientes. En estos casos, el bien o servicio del ámbito público produce valor tanto para el cliente como para la ciudadanía, pero cada uno recibe un tipo de valor diferente: la ciudadanía recibe valor público porque, por ejemplo, el acceso de las personas al servicio de recolección de residuos domiciliarios mejora los niveles de salud general, mientras que el cliente recibe valor privado porque dispone en su domicilio de ese servicio y de los beneficios para el funcionamiento de la vivienda que ello significa. En tanto cliente, juzgará entonces lo hecho en términos de satisfacción con lo recibido.

Las personas también pueden tener derecho a recibir un servicio o beneficio sin pagar directamente a la organización productora. En ese caso asumen el rol de derechohabientes. Son ejemplos de ello las niñas y niños que asisten a las escuelas públicas, las familias que reciben transferencias en dinero para atender algunas de sus necesidades básicas o los pacientes de los hospitales públicos que no pagan por los servicios. Al igual que los clientes, los derechohabientes reciben valor privado al beneficiarse del servicio que se les entrega. Aún así, todos los ciudadanos pueden beneficiarse del valor público generado por ese servicio, por ejemplo, porque cuanto mayor sea el nivel educativo del conjunto de la población, mejor funcionará la sociedad y su economía. Sin embargo, solo quienes fueron específicamente los clientes de esos servicios recibieron individualmente el beneficio tangible, esto es, recibieron valor privado. En tanto poseedor de un derecho, la persona evaluará la actuación pública a la luz de qué obstáculos enfrentó para acceder a su derecho y qué tanto luego se cumplió con él.

En democracia, no hay derechos sin obligaciones. El solo hecho de vivir en sociedad conlleva un conjunto de deberes que adoptan la forma de imposiciones legales. De allí que estemos obligados a cumplir ciertos compromisos ante diversas agencias gubernamentales. Por ejemplo, los ciudadanos estamos obligados frente a la autoridad tributaria. Frecuentemente, los empleados del sector formal de la economía son obligados frente al sistemas de seguridad social. La presencia de la obligación no niega la creación de valor: los obligados nos beneficiamos del valor producido por las autoridades que nos obligan. Estamos obligados a pagar impuestos, pero como resumió muy bien alguien, es el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada: por ejemplo, sin impuestos no existiría el sistema de seguridad ciudadana y justicia penal que nos permite vivir en una sociedad más segura (o, si se prefiere decir de otra manera a la luz de nuestro violento contexto latinoamericano, nos permite vivir de manera menos insegura de lo que sería si tal sistema no existiera y reinara la ley del más fuerte). Siguiendo con el ejemplo, los obligados estarán observando críticamente cualquier iniciativa de cambio en el sistema tributario que los afecte, como una suba de los impuestos, desde la perspectiva de la equidad y razonabilidad con la cual le es exigida su obligación. Asimismo, las autoridades que suben los impuestos podrán estar generando valor público que la ciudadanía aprovecha: por ejemplo, si el sistema de seguridad ciudadana mejora, habrá más inversiones y actividades económicas en horario nocturno, y eso redundará en mayores oportunidades laborales y mejor calidad de vida del conjunto.

Por lo tanto, podríamos afirmar que ejercemos el rol de ciudadanos en forma general y permanente, mientras que asumimos el rol de clientes, derechohabientes u obligados, según sea la forma en que una iniciativa pública nos interpela, y desde esa perspectiva la juzgaremos.

Para saber más:

Capacitación: El tema de la reflexión precedente forma parte de los contenidos del curso que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo denominado Valor Público en la Promoción del Desarrollo, que integral el trayecto de formación ejecutiva denominado Programa Efectividad en el Desarrollo. Este enlace remite a su descripción ↗

Lectura: Kelly, G. y Muers, S. (2002). Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. Reino Unido: Strategic Unit, Cabinet Office. Disponible en https://www.academia.edu/23693003/Creating_Public_Value_An_analytical_framework_for_public_service_reform

Imagen: Pieter Brueghel el Viejo (1560). Juegos de niños. [Óleo sobre tabla. 118 centímetros x 161 centímetros]. Museo de Historia del Arte de Viena (Austria). Material: Obtenido de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4892331