Toda iniciativa pública integra un campo de actuación gubernamental más abarcador: la política que la enmarca. Pero intervenciones puntuales y políticas públicas carecen de relación unívoca: un proyecto puede contribuir al logro de una política mientras daña al de otra. La gestión del desafío ambiental debe tomar en cuenta esto.

Las iniciativas para el desarrollo pueden ser de tipo corriente y permanente, centradas en la prestación de bienes y servicios, o bien pueden ser de carácter más o menos excepcional, pensadas para empezar y terminar luego de cumplir su cometido. A su vez, las iniciativas suelen contar con un área gubernamental específica desde las cuales se pueden llevar a cabo la mayoría de sus acciones.

En cambio, la consecución de una política suele demandar un cúmulo de actividades a cargo de distintas agencias, ministerios y niveles gubernamentales en forma simultánea y coordinada, aunque el rol de algunas de esas áreas gubernamentales será más determinante que el de otras. Esto último quedó reflejado en una anécdota: siglo y medio atrás, los movimientos obreros bregaban para que el Estado conforme un ministerio del trabajo desde donde se impulsaran medidas para mejorar su situación. Alguien que comprendía con mucha agudeza cómo funcionaba la sociedad los alertaba del error, sugiriéndoles que para lograrlo les iba a resultar más útil el ministerio de economía.

Algo parecido podríamos decir en nuestros días con respecto a la política ambiental, o de cuidado del ambiente. Toda iniciativa gubernamental conlleva un impacto sobre el ambiente. Por esa razón, la política ambiental es por definición transversal a la administración, e imposible de implementar en soledad desde un área particular de gobierno.

La política de protección ambiental busca, entre otras cosas, reducir emisiones contaminantes y preparar a la sociedad para enfrentar los impactos negativos que producen los eventos climáticos extremos. Esos dos propósitos demandan un conjunto de intervenciones públicas imposible de alojar institucionalmente en una sola área de gobierno. Muchas de las acciones propias de otras políticas también contribuyen a la protección ambiental, o al daño ambiental. Por citar dos ejemplos, así sucede en la gestión de una ciudad con las medidas de promoción del desarrollo inmobiliario o de la movilidad de las personas. Así, urge identificar la incidencia sobre el estado del ambiente de cada acción pública.

Es por ello que de poco vale crear un ministerio o secretaría de ambiente si no se le otorga alguna jurisdicción sobre lo que realiza el resto de la administración. No es sencillo resolver el punto, pero hay antecedentes. La figura de órgano rector, ya aplicada para temas de administración financiera, gestión de recursos humanos o de sistemas informáticos, podría ser de utilidad. Un órgano rector típicamente establece principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con la materia en cuestión, a que deben sujetar su actuación el resto de las áreas gubernamentales.

También pueden contribuir algunos cambios en la forma en que se administra el presupuesto. Para no quedar en simples declaraciones de deseos, la política ambiental debe encarnar en un plan de acción. Y por eso de que «no hay plan sin presupuesto”, el conjunto de las acciones públicas relacionadas al desafío ambiental tendrá una contracara presupuestaria.

Sin embargo, ésta no suele estar identificada como tal. Así sucede en muchos de los “Planes de Acción Climática” que observamos: el sistema presupuestario los ignora y, por lo tanto, no los identifica ni clasifica.

Es por ello que, frente a la inevitable y necesaria dispersión institucional de las acciones de la política ambiental, el otro elemento que dará mayor potencia a la política ambiental, y al ministerio que debe velar por ella, es identificar y clasificar las acciones que contribuyen a la política ambiental a través de su reflejo presupuestario.

O sea, ayudará ir hacia un esquema de administración en donde no solo queden explícitas aquellas acciones que tengan como efecto un resultado enmarcable en la política ambiental, sino que también se identifiquen los recursos que las solventarán. Que sepamos claramente qué acciones gubernamentales adscribimos a la política ambiental y cuánto invertimos en ellas. Así el área gubernamental dedicada a la protección del ambiente dispondrá de elementos para evaluar los resultados alcanzados y proponer acciones más costo-efectivas. El sistema de clasificación del gasto público actual no es adecuado para identificar erogaciones relacionadas en el cambio climático, por ejemplo.

La gestión del desafío ambiental demanda entonces la introducción de ajustes en el ordenamiento institucional del sector público. Necesitamos encontrar y desplegar incentivos para profundizar la coordinación y cooperación entre instancias organizacionales diversas, con agendas sectoriales en parte divergentes. De no hacerlo podríamos estar frente a un juego de suma cero, en donde las mejoras ambientales logradas por una de las áreas gubernamentales quedan neutralizadas por el daño ambiental de las iniciativas que impulsa otra de ellas.

Para saber más:

Formación ejecutiva: la relación entre los impactos buscados por las políticas y los cambios sociales perseguidos por iniciativas o proyectos puntuales puede comprenderse mejor a través del concepto Teoría del Cambio, que se desarrolla en uno de los breves cursos que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí el link para acceder a su descripción ↗

Lectura: un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo avanza una propuesta respecto a introducir cambios en la identificación de los recursos destinados al desafío ambiental: Pizarro et al., 2022. Marco conceptual para la clasificación del gasto público en cambio climático en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC. Disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Marco-conceptual-para-la-clasificacion-del-gasto-publico-en-cambio-climatico-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

Imagen: Delta Indigo, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0&gt;, via Wikimedia Commons, disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DeltaIIndigo_Logo_Carr%C3%A9.jpg